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¿Quieres saber cómo puedes reclamar la 'plusvalía' municipal?

¡Conoce cuáles son los procedimientos y plazos!

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Desde el despacho de abogados con sede en Gijón (Asturias), JAVIER MERINO ABOGADOS, ya hemos venimos hablando de la problemática resuelta por el Tribunal Constitucional, por medio de la Sentencia de 16 de febrero de 2017, la cual declara inconstitucional diversos preceptos reguladores de la plusvalía municipal. El fundamento de la inconstitucionalidad: Aunque la ley del impuesto no lo diga, para que la plusvalía municipal sea exigible es preciso que exista un incremento real del valor del inmueble. Un método de cálculo ficticio no puede sustituir la realidad económica, pues en caso contrario, se estarían vulnerando los principios de equidad, justicia y capacidad económica que la normativa actual exige que cumplan los impuestos.

Como recodaréis, los Juzgados y Tribunales ya estaban admitiendo la posibilidad de impugnar las liquidaciones del impuesto de la plusvalía municipal, que hubieran podido ser satisfechas tras un proceso de compraventa, en aquellos supuestos en los que el propietario se vea obligado a vender por un valor inferior al que pago en su momento por la adquisición, generándose así una pérdida. Dicha pérdida, no es tenida en cuenta por la Hacienda municipal, sino que ésta continúa aplicando igualmente el gravamen con toda crudeza. Pues bien, el Tribunal Constitucional ha dado el espaldarazo definitivo con la sentencia antes citada.

Por tanto, ¿Qué pasos hay que dar para poder recuperar lo pagado en concepto de plusvalía?

Como punto de partida, advertir que hay que atender, caso por caso, las circunstancias concurrentes. El primer consejo que podemos ofrecer en tal sentido, al igual que ya hemos hecho en otros artículos, es cumplir con las obligaciones de liquidación e ingreso de la plusvalía, en los plazos y en la forma determinada en las correspondientes ordenanzas fiscales locales. Una vez hecho esto, ahora ya sí, proceder a presentar la reclamación correspondiente. De este modo nos evitamos sanciones, recargos e intereses de demora innecesarios, mientras reclamamos.

Respecto del procedimiento a seguir, hay que advertir con carácter previo, que cada Ayuntamiento regula libremente la gestión del impuesto, dentro de unos parámetros y unos límites fijados en la Ley de Haciendas Locales 5/2004. Por tanto, habrá que atender a lo que marca cada Ordenanza fiscal de cada Ayuntamiento. Dicho esto, y tomándose como referencia lo dispuesto en la Ley estatal (Ley 5/2004), se prevé como regla general que el responsable de la liquidación y presentación para el cobro sea el Ayuntamiento, previa presentación por parte del sujeto pasivo de una relación de documentos referidos a la transmisión, y que deben ser presentados en el propio Ayuntamiento en unos plazos máximos (Cuando se trate de actos ínter vivos, el plazo será de treinta días hábiles; Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis meses).

Aún así, la mayoría de Ayuntamientos optan por el sistema de “autoliquidación” cuando se trata de fiscalizar las transmisiones onerosas (compraventa, entre otras). Por tanto, es el sujeto pasivo quien debe liquidar e ingresar la cuota correspondiente en concepto de plusvalía, en un plazo máximo de 30 días hábiles, a contar desde que se produce la transmisión. Ya con posterioridad, el Ayuntamiento comprobará si dicha liquidación y su pago, es correcta o no. En caso de error, el ayuntamiento girará una liquidación complementaria al sujeto pasivo.

Una vez que tenemos claro esta diferenciación, podemos entrar a valorar los diversos supuestos en los que un sujeto pasivo puede recurrir, y los pasos a dar:

1.- Cuando sean los Ayuntamientos quienes efectúen las liquidaciones del impuesto.

En este caso, dichas liquidaciones serán notificadas íntegramente a los sujetos pasivos con indicación del plazo de ingreso y expresión de los recursos procedentes. Así, el sujeto pasivo podrá recurrir los actos administrativos de liquidación de la plusvalía municipal girados por los Ayuntamientos, las cuales aún no se hayan satisfecho, con el fin de lograr la anulación de las mismas.

Para ello se podrá interponer, ante el mismo órgano que dictó el acto administrativo, recurso potestativo de reposición, con carácter previo a interponer reclamación económico-administrativa. No obstante, ambas vías son incompatibles: si se interpone el recurso, no puede acudirse a la reclamación hasta la resolución de aquél.

El plazo para la interposición de este recurso será de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación del acto recurrible. El plazo máximo para notificar la resolución será de un mes contado desde el día siguiente al de presentación del recurso. Transcurrido el plazo de un mes desde la interposición, el interesado podrá considerar desestimado el recurso al objeto de interponer la reclamación procedente.

Por su parte, podrá interponerse – bien directamente, bien tras la desestimación del recurso de reposición-, la reclamación Económico Administrativa, contra dicha liquidaciones provisionales o definitivas, en aquellos municipios considerados “de gran población” (según dispone la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local), ante el Tribunal económico-administrativo del municipio en cuestión. Dicho órgano específico, será competente para la resolución de las reclamaciones económico – administrativas sobre actos de gestión, liquidación, recaudación e inspección de tributos e ingresos de derecho público, que sean competencia municipal.

Cuando se trate de un municipio que no reciba la calificación “gran municipio” en los términos recogidos en la Ley antes mencionada, el mencionado Tribunal económico administrativo local, no existirá. En ese caso, tras la interposición del recurso de reposición, y para el caso de ser desestimado, el sujeto pasivo podrá interponer ya reclamación judicial, a través del recurso contencioso administrativo, en el plazo de 1 mes, a contar desde la desestimación de la reposición.

Nada impide el interponer directamente, recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de la notificación del acto recurrible, cuando el particular no quiera recurrir previamente en reposición, y siempre que no exista el precitado Tribunal económico-administrativo en el municipio en cuestión.

2.- Cuando sea el sujeto pasivo quien debe “autoliquidar”, podrá optar por dos vías:

a.- Calcular por sí mismo la cuota líquida resultante de la plusvalía, abonarla, y acto seguido iniciar un procedimiento administrativo de solicitud de ingresos indebidos.

b.- En el caso, en que la Administración Municipal no hallare conforme la autoliquidación en los términos de la letra anterior, practicará, en su caso, una liquidación provisional rectificando los elementos o datos mal aplicados y los errores aritméticos. Contra ésta resolución administrativa, caben los mismo recursos administrativos antes comentados, en el párrafo anterior.

Por otro lado debemos tener en cuenta el periodo de prescripción que pudiera ser aplicable, al procedimiento concreto que se hubiera seguido en cada caso para el pago de la plusvalía. Como regla general, el período de prescripción es de 4 años, a contar desde la fecha legalmente establecida para la liquidación del impuesto. Si hace menos de 4 años que liquidó la plusvalía todavía está a tiempo de recuperar su dinero. Por tanto, al margen de los supuestos antes comentados, si la plusvalía fue liquidada y pagada, y usted considera que la misma fue excesiva, pero nunca se recurrió, en ese caso, y siempre que no hayan transcurrido más de cuatro años desde la liquidación podrás requerirle a la Administración la devolución de las cantidades abonadas indebidamente.