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El Constitucional declara ilegal el impuesto de 'plusvalía' municipal

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Hoy, el despacho de abogados con sede en Gijón, JAVIER MERINO ABOGADOS, quiere hacerse eco de una reciente Sentencia dictada por el Tribunal Constitucional, el pasado 16 de febrero de 2017. En dicha sentencia, el TC ha declarado inconstitucionales diversos preceptos reguladores de la plusvalía municipal en la legislación vasca. En concreto los artículos 1, 4 y 7.4, de la Norma Foral 16/1989, de 5 de julio, del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana del Territorio Histórico de Gipuzkoa; Y todo ello en relación con los arts. 107 y 110.4, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, por posible infracción tanto del principio de capacidad económica y de la prohibición de confiscatoriedad (Art. 31 CE), como del derecho de defensa (Art. 24 CE).

El fundamento de la inconstitucionalidad reside en la falta absoluta de respeto por el principio de capacidad económica, lo cual se pone de manifiesto en los casos en que se acredita por el contribuyente que no ha existido incremento patrimonial. Dado que la actual regulación, no permite una prueba en contrario que demuestra que no ha existido revalorización en los supuestos de transmisión, es por lo que el TC considera que el impuesto de plusvalía es contrario a la Constitución. Insistimos, la sentencia hace referencia a una norma foral, si bien los artículos enmendados también aparecen en la normativa estatal. Por tanto, es previsible que el Gobierno deba reformar la regulación estatal del impuesto municipal.

La Justicia, por tanto, da la razón a los ciudadanos que se ven inmersos este problema: Aunque la ley del impuesto no lo diga, para que la plusvalía municipal sea exigible es preciso que exista un incremento real del valor del inmueble. Un método de cálculo ficticio no puede sustituir la realidad económica, pues en caso contrario, se estarían vulnerando los principios de equidad, justicia y capacidad económica que la normativa actual exige que cumplan los impuestos.

Para comprender el problema, conviene saber qué es exactamente la “Plusvalía Municipal”. El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), es un tributo municipal, que grava el incremento de valor que experimenten dichos terrenos -quedan fuera los terrenos considerados rústicos-, cuando dicho incremento se ponga de manifiesto como consecuencia de la transmisión de la propiedad por cualquier título, o cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos (artículo 104 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales). A efectos prácticos, por transmisión se entiende la compraventa, donación, adquisición por herencia, determinados supuestos de dación en pago, y también la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce limitativo del dominio (usufructo, derecho de habitación, etc.).

El sujeto pasivo, esto es, el obligado a pago de dicho impuesto a favor del Ayuntamiento, variará en función del tipo de operación: En caso de compraventa, corresponderá pagar al vendedor; En caso de donación o herencia, corresponderá al heredero o legatario.

Por su parte, la base imponible de este impuesto está constituida por el incremento del valor de los terrenos, puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo de un período máximo de 20 años. ¿Y cómo se calcula el valor de ese incremento? Aquí está el problema: Se determina en función del valor catastral asignado a dicho suelo en el momento en que se produzca la transmisión sujeta al impuesto. Sobre dicho incremento se aplicará un porcentaje -que cada Ayuntamiento fija libremente-, siempre que no exceda de unos límites, en función del lapso de tiempo transcurrido entre la fecha de adquisición original del terreno, y la fecha de transmisión. Los límites máximos legales, son: Por los períodos de uno hasta cinco años: 3,7%; Por los períodos de hasta 10 años: 3,5%; Por los período de hasta 15 años: 3,2 %; Por los períodos de hasta 20 años: 3 %. Este porcentaje, se aplica sobre la cantidad resultante del incremento. Y de este modo, se obtiene la base imponible.

Una vez determinada la base imponible, a la misma se le aplica el tipo de gravamen determinado libremente por cada Ayuntamiento, sin que dicho tipo pueda exceder del 30 por ciento. De este modo se obtiene la cuota íntegra, a la cual se le aplicarán las bonificaciones correspondientes que puedan venir previstas en cada ordenanza municipal, de tal modo que se obtiene con ello la cuota líquida, es decir, lo que hay que pagar al ayuntamiento.

Hasta aquí, la teoría. Pero, ¿Cómo se traduce todo esto a la práctica? ¿Dónde está el problema?

Como siempre, un ejemplo: Imaginemos una compraventa de una vivienda, producida en Gijón el año 2007, por 120.000 € euros. Años después, aquel comprador decide venderla por 70.000 €, en el año 2017. En todo este tiempo (10 años), el valor catastral de dicha vivienda no sólo no desciende, sino que aumenta, situándose a fecha de la venta en la cantidad de 85.000 €, de los cuales el valor catastral del suelo asciende a 36.000 €.

Valor de suelo = 36.000 €
Años transcurridos = 10 años
Incremento por años (según ordenanza) = 3.20% x 10 años = 32 %
Base imponible = 36.000 € x 32 % = 11.520 €
Tipo impositivo (ver ordenanza) = 15%
Cuota Tributaria = 11.520 € x 15% = 1.728 €

Pues bien, según los cálculos, el vendedor tendría que hacer frente hoy, a una cuota líquida de 1.728 €, en concepto de plusvalía.

Por tanto, donde mayor incidencia presenta este problema es en las compraventas, dado que en las transmisiones mortis causa, la mayoría de los Ayuntamientos prevén diversas bonificaciones y reducciones aplicables sobre la cuota tributaria (Ej., viviendas habituales del fallecido). La clave, reside en el método de cálculo de dicho impuesto, el cual no tiene en cuenta la ganancia o pérdida real a valor de mercado que se haya producido en la transmisión, sino el aumento de valor experimentado en el terreno en función de sus propias reglas matemáticas, y que además encuentra su causa de justificación en el supuesto ‘valor añadido’ que el Ayuntamiento presume, se ha producido en dicho suelo, como consecuencia de la actividad y el desarrollo urbanístico de dicho suelo, en el período de tiempo transcurrido entre la adquisición original y la posterior venta.

Al tomarse como referencia, el valor catastral del terreno en el momento de su compra y multiplicarlo por el número de años transcurridos y por unos porcentajes que establece cada ayuntamiento, siempre se produce una revalorización anual “automática”, de dicho terreno, con independencia de la existencia o no de un incremento del valor del terreno transmitido. Es decir, en supuestos en los que el propietario se ve obligado a vender su vivienda (y por ende, el suelo) por un valor inferior al de adquisición (por ejemplo, por haberlo adquirido en los años inmediatamente anteriores a la crisis), se genera así una pérdida, la cual no es tenida en cuenta por la Hacienda municipal, la cual continúa aplicando igualmente el gravamen con toda crudeza.

Por tanto, según esta línea jurisprudencial, sería improcedente la liquidación y cobro de la plusvalía, en estos términos, decretando en consecuencia la nulidad de las resoluciones administrativas de liquidación y cobro, y condenando a los Ayuntamientos a la devolución de las cantidades indebidamente abonadas por los sujetos pasivos, más los intereses legales correspondientes desde la fecha de su efectivo pago.