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La liquidación y cobro de la 'plusvalía' municipal es inconstitucional

¡Conoce las claves para reclamar!

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Ya tuvimos la oportunidad de hablar en artículo anteriores de la problemática suscitada en la Justicia, a cerca de la denominada “Plusvalía Municipal”.

En concreto, el Tribunal Constitucional ha dictado, el pasado 16 de febrero de 2017, sentencia declarando inconstitucional diversos preceptos reguladores de la plusvalía municipal en la legislación vasca, esto es, artículos 1, 4 y 7.4, de la Norma Foral 16/1989, de 5 de julio, del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana del Territorio Histórico de Gipuzkoa; Y todo ello en relación con los arts. 107 y 110.4, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, por posible infracción tanto del principio de capacidad económica y de la prohibición de confiscatoriedad (Art. 31 CE), como del derecho de defensa (Art. 24 CE)

Esta sentencia es el resultado de lo que ya muchos Juzgados y Tribunales españoles venían declarando: Es ilegal el cobro de la plusvalía municipal cuando no se produce un beneficio real en la transmisión de un bien inmueble o de un terreno ¿Motivo? Si no hay revalorización económica de dicho bien inmueble (incremento real del valor del inmueble), no hay plusvalía que deba ser gravada.

La razón es simple: Los Ayuntamientos emplean un método de cálculo ficticio, que sustituye la realidad económica. El impuesto sólo toma en consideración el valor catastral del inmueble y el número de años transcurridos entre adquisición y transmisión. Se ‘margina’ absolutamente el criterio de la evolución real del mercado inmobiliario durante ese lapso de tiempo. Esto, vulnera los principios de equidad, justicia y capacidad económica que la normativa actual exige que cumplan todos los impuestos.

Una de las cuestiones prácticas más importantes es acreditar que, en cada caso concreto, no ha existido -en términos económicos y reales-, incremento de valor alguno. Sólo de este modo, la plusvalía municipal no podrá exigirse, pues al faltar un elemento esencial del hecho imponible, como es precisamente, el incremento, no puede surgir la obligación tributaria.

Ahora bien, el problema no es sólo catastral: Este impuesto, es particularmente gravoso, no sólo porque hayan subido los valores catastrales, sino porque además se le suma el hecho de que los Ayuntamientos han incrementado el tipo de gravamen aplicable a la base imponible, hasta el máximo legal permitido, con el objetivo de “exprimir” al máximo la rentabilidad del impuesto.

La explicación, reside en el hecho de la evidente caída en picado de los ingresos municipales, los cuales estaban estrechamente ligados a la actividad inmobiliaria. Así, la plusvalía, junto con el Impuesto de Bienes Inmuebles, son a día de hoy – y más que nunca-, las principales fuentes de ingresos a nivel local, en sustitución de otros ingresos (como por ejemplo, las licencias urbanísticas). Se calcula que los Ayuntamientos han recaudado aproximadamente, 4.400 millones de euros, en los últimos 4 años por el impuesto de plusvalía.

A lo largo del año 2016, la inmensa mayoría de los tribunales superiores de justicia del país han declarado ya la nulidad de la plusvalía en estos términos, esto es, cuando no se produce una revalorización económica real del bien gravado. Para dicho Tribunales, cuando tras vender un inmueble se acredite que no ha existido, en términos económicos, incremento de valor alguno (es decir, que no haya habido ganancia), no se puede exigir la plusvalía municipal.

Para el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, por ejemplo, no se produce el hecho imponible (previsto en el Art. 104 de la Ley de Haciendas Locales), en aquellos supuestos en los que se puede acreditar el “menor valor” del terreno transmitido, en relación al valor que tenía al momento de su adquisición original. Por tanto, si no hay hecho imponible (“incremento”), no puede existir base imponible que cuantificar.

Por ello, el Alto Tribunal Asturiano- y la inmensa mayoría de Tribunales de otras Comunidades Autónomas-, están declarando que es improcedente la liquidación y cobro de la plusvalía, en estos términos, decretando en consecuencia la nulidad de las resoluciones administrativas de liquidación y cobro, y condenando a los Ayuntamientos a la devolución de las cantidades indebidamente abonadas por los sujetos pasivos, más los intereses legales correspondientes desde la fecha de su efectivo pago.

Esta nueva línea jurisprudencial abre la puerta para que aquellos sujetos pasivos, que hayan satisfecho la plusvalía municipal en los últimos 4 años puedan reclamar al Ayuntamiento la devolución de ingresos indebidos, si el terreno no ha experimentado incrementado de valor.